Para el Gobierno, el principal “desafío” para derribar “barreras” en el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) es aumentar la cantidad de profesionales y centros de salud que realicen la práctica. A las 4:12 del 30 de diciembre de 2020, el cartel luminoso del Senado marcó el “Aprobado” -en color verde- que le puso punto final al tramo legislativo de la iniciativa del colectivo feminista, tras décadas de lucha. Dos semanas más tarde, el presidente Alberto Fernández promulgó la norma y ahí comenzó otra parte del camino: la aplicación y gestión del derecho.

En tanto, el pasado viernes el Gobierno oficializó el “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo”, en el que se establecen los derechos y obligaciones de pacientes, médicos e instituciones de la salud en lo que se refiere a la aplicación de la ley de aborto.

De acuerdo a lo establecido por la Ley 27.610, este tipo de procedimientos puede hacerse hasta la semana 14 de gestación, inclusive: una de las opciones médicas es la utilización de misoprostol, una droga utilizada como inductora del parto que evita la necesidad de técnicas invasivas, como la aspiración manual endouterina (AMEU) o una intervención tocoginecológica, que también fueron incluidas en el protocolo.

“La dosis recomendada hasta las 12 semanas es de 800 miligramos, o sea cuatro comprimidos. Las vías de administración son intravaginales; yugales, es decir entre el labio y la encía; sublinguales; o una combinación”, señaló a NA el médico Mario Sebastiani, quien explicó que hasta la semana 12 se trata de un autoaborto en domicilio, mientras que a partir de la 13 el uso de la droga debe ser con menos dosis y controlado en internación.

El fracaso en el uso del misoprostol es bajo -ronda “entre el 10 y el 15 por ciento”, precisó el integrante del Servicio de Tocoginecología del Hospital Italiano-, por lo que en esos casos el médico evalúa la situación y puede aguardar algunos días o recurrir a otra de las estrategias previstas en el protocolo, que también incluye a la mifepristona, una droga que no se comercializa en el país: un laboratorio nacional presentó en las últimas semanas la documentación para registrarla ante la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

Para poder contar con las pastillas necesarias para hacer frente a los abortos, el Gobierno prevé contar en los próximos tres meses con un total de 1,2 millones de pastillas de misoprostol de 200 microgramos, lo equivale a 100 mil tratamientos: en 2020 se habían adquirido 36 mil tratamientos.

Según informó a NA la directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Valeria Isla Blum, el Ministerio de Salud firmó un convenio interadministrativo con el Laboratorio Industrial Farmacéutico Sociedad del Estado (LIFSE), de Santa Fe, para la adquisición de “30.000 tratamientos de doce comprimidos cada uno”, es decir un total de 360.000 pastillas.

El valor de la compra asciende a 71.280.000 pesos, por lo que cada tratamiento cuesta 2.376 pesos. La adjudicación de la contratación directa 80-0040-CDI21 está estipulado para el mes que viene, cuando se haría una primera entrega del producto solicitado. El misoprostol producido por el LIFSE en su planta de la ciudad de Santa Fe recibió la aprobación por parte de la ANMAT en febrero pasado.

A la par, el Gobierno avanzó con una contratación directa internacional y firmó en enero un convenio con Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), que se encarga de garantizar el acceso a los derechos sexuales y reproductivos a nivel mundial y para eso intermedia con los laboratorios que fabrican esta droga para así poder ofrecerlo a menor precio: los proveedores de la agencia de la ONU están radicados en India, China, Dinamarca, Holanda y Hong Kong.

De acuerdo a la información brindada por Isla Blum a Noticias Argentinas, el acuerdo con la UNFPA es para adquirir 70 mil tratamientos, también de doce pastillas cada uno, lo que da un total de 840 mil comprimidos de misoprostol de 200 microgramos. El arribo al país de ese cargamento está pautado para agosto próximo.

De todos modos, todavía queda un remanente de 2.673 tratamientos en el stock a nivel central, el Operador Logístico del Ministerio de Salud. Además, las provincias cuentan con la potestad de poder comprar comprimidos por su parte en caso de que lo consideren necesario.

Sin embargo, el principal desafío no es la adquisición de pastillas, sino fortalecer la estructura para “aumentar la cantidad de equipos y efectores que brindan la presentación”, planteó la funcionaria.

“Hay provincias que están haciendo un gran esfuerzo para ampliar la cobertura. A diciembre de 2020 había 700 efectores que brindaban la prestación y 200 equipos que asesoraban, en 5.800 centros de salud”, explicó Isla Blum, quien indicó que en julio habrá un nuevo reporte para actualizar las cifras en ese sentido.

“El asesoramiento y el acompañamiento son fundamentales, de la misma manera que tener abiertas las puertas de las guardias para consulta con trato compasivo, educado y amigable”, remarcó Sebastiani.

En ese sentido, el integrante del Servicio de Tocoginecología del Hospital Italiano añadió: “Las mujeres acuden con más tranquilidad, con una consulta mensurada previamente y sin cuidarse ni tener vergüenza”. Al respecto, la integrante del Ministerio de Salud destacó que gracias el marco legal actual “hay menos dilaciones y menos temores para acceder a la práctica, lo que remueve muchos obstáculos”, aunque reconoció que la situación “depende de la provincia”.

Para tener la mejor radiografía de la realidad del acceso a la IVE, el Ministerio de Salud avanza con el diseño de un “sistema sencillo” para recopilar información de las jurisdicciones, que se prevé que en agosto ya pueda empezar a contar con una amplia base de datos.

Hasta el momento, la cartera sólo cuenta con un informe de comienzos de año sobre los llamados recibidos a la línea 0-800-222-3444 para realizar denuncias sobre dificultades para acceder a la IVE/ILE: desde la entrada en vigencia de la ley, el 24 de enero, y hasta fines de febrero, hubo 2.543 consultas sobre aborto, de las cuales el 98 por ciento fueron hechas por personas gestantes cuyos embarazos tenían menos de 15 semanas. En todo 2020 las consultas por ILE habían sido 10.817.

“Vamos detectando dónde está la barrera para actuar. Hace algunas semanas hubo una situación con una farmacia de Córdoba, que se negaba a vender misoprostol”, ejemplificó la funcionaria nacional.

Finalmente, Isla Blum destacó que la ley sancionada en diciembre pasado “está técnicamente muy armada, por lo que es más difícil combatirla en la Justicia”, algo que permitió que no hubiera contratiempos en los tribunales para el acceso: sólo en Chaco la norma estuvo suspendida durante un mes.