El fin de semana marcó un antes y un después para las prácticas de usurpación en la provincia de Misiones ya que Héctor “Cacho” Bárbaro, un legislador que durante muchos años jugó a ser el “Grabois” del Noreste Argentino, quedó deslegitimado luego de que los pobladores de varias localidades expresaran su ferviente repudio a las prácticas que mamó de líderes de izquierda del país central y que durante varios años trató de plasmar en territorio provincial por medio de las usurpaciones de tierras como estrategia para presionar al estado provincial.

“Cacho” Bárbaro, líder del Partido Agrario y Social, quedó en el centro de la polémica en la provincia, al difundirse un audio en el que llama a cortar rutas para presionar y tratar de revertir el fallo de un juez que ordenó el desalojo de un grupo de familias de una chacra, que aparentemente la ocupaban en forma ilegal.

“Tenemos que movilizarnos el lunes. No sé si vamos a hacerlo el lunes y también el martes. Nosotros el lunes vamos a presentar la apelación para anular el juicio, la propiedad de la tierra, fui a catastro y está a nombre de los Kessler”, señaló Bárbaro en un audio que se viralizó el sábado a la noche.

“El lunes tenemos que convocar a toda la gente de vuelta en el Juzgado, a todos los que podamos y después nos vamos a cortar la ruta, y al Concejo Deliberante y entregamos un petitorio a todos. Tenemos que movernos, si no se va a enfriar la sopa”, dijo Bárbaro.

Además agregó en el mensaje que había que hacer todo en estos primeros dos días de la semana. “Porque me voy el miércoles porque tengo sesión”.

El plan detallado por Bárbaro se completaba “metiendo presión” al Estado provincial para que adquiriera las tierras y se regularizara la situación de las familias desalojadas.
Luego del escandalo Bárbaro fue consultado por los medios provinciales y aseguró que “La tierra está para trabajarla, no para que esté improductiva. Si hay que expropiar tierras desde el Estado para darle a la gente y pueda producir alimento, que es lo que plantea Juan Grabois, yo estoy de acuerdo. El estado tiene que expropiar, hacer un plan de colonización de la tierra y de la producción de alimentos”.
Los dichos de Bárbaro causaron indignación inmediata entre pequeños productores agropecuarios, colonos, empresarios y vecinos que desde hace un año formaron grupos de autoconvocados para pedir a las autoridades que pongan freno a las crecientes ocupaciones ilegales.

En todos sus pedidos, los autoconvocados siempre sospecharon o directamente tenían indicios de que Bárbaro y su socio Martín Sereno (diputado provincial por el PAYS) tenían un rol alentado a estas ocupaciones que se multiplicaron a partir del cambio de gobierno a nivel nacional.

“Queremos la destitución de Bárbaro, un diputado nacional no puede llamar a un corte de ruta para defender una ocupación ilegal”, señaló a LA NACION Silvia Gross, contadora y dueña de una chacra en Andresito que tiene ocupada desde hace varios años, donde inclusive la empresa distribuidora de energía EMSA les bajó el medidor de luz en forma irregular.

“Hablé con el juez, con el intendente, con todos. También con el presidente de EMSA, y me dijeron que no podían hacer nada”, explicó Gross, impotente. La propietaria contó que tenía un plan para invertir en sus tierras a las cuales ya ni siquiera puede acceder libremente. “Tengo que ir con la policía porque si no, me amenazan, es insólito”, se indignó.

El estado provincial trabaja hace años en una solución

Algunas de las alternativas que se barajan en la Provincia son la eventual reubicación, la compra del predio, y hasta un banco de tierras a futuro.
Las 14 familias agricultoras que fueron desahuciadas el jueves 18 de un lote de Picada Guaraní, en Fracrán, lugar que habitaban y en el que producían desde hace más de cinco años, se reunieron este lunes con la subsecretaria de Tierras de la Provincia, Sonia Melo, con el fin de analizar alternativas para subsanar el drama social provocado por la destrucción de las viviendas y la pérdida de sus medios de producción.
“Nos sorprendió el desalojo porque estábamos en tratativas con los propietarios registrales para encontrar alguna alternativa de compra de esas tierras. Les habíamos pedido tiempo pero lamentablemente se dio el desalojo sin siquiera comunicarnos”, señaló la funcionaria.

Melo también conocía existencia de familias asentadas hace años, y aclaró que “también estamos preocupados por cada una y sobre todo, porque estamos con este clima y la gente quedó a la intemperie“.

Los técnicos de la Subsecretaría lamentaron también que los titulares registrales, que viven en Entre Ríos, “pidieron un precio irracional en dólares para vender las tierras”.

“No hay soluciones inmediatas pero vamos a seguir trabajando, el compromiso es buscar una solución”, aclaró.

Fuente: Redacción de DAP, Medios Provinciales y Nacionales