El Gobierno nacional prepara por estas horas un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para habilitar la llegada a la Argentina de las vacunas de Pfizer, Moderna y Janssen.
Así indicaron fuentes del Ejecutivo nacional, en referencia al decreto que el presidente Alberto Fernández emitirá para modificar la Ley de Vacunas, que trabó la llegada de la vacuna de Pfizer.
En ese marco, precisaron que el DNU modificaría los puntos de la Ley de Vacunas que fueron cuestionados por el laboratorio, lo que generó que se trabara la firma del contrato para adquirir la vacuna contra el Covid-19 de Pfizer.
Previo a que se conociera la decisión Fernández, el pasado martes por la tarde se reunieron en Casa Rosada la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra; la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti; y la asesora presidencial Cecilia Nicoli.
Si bien en su momento fuentes oficiales afirmaron que se trató de una reunión “casual”, lo cierto es que las tres funcionarias nacionales tuvieron cita en Balcarce 50 para comenzar a delinear lo que será el DNU presidencial que buscará destrabar la llegada al país de las vacunas que donó el gobierno de Estados Unidos.
La decisión se conoció luego de que los integrantes del bloque oficialista en la Cámara de Diputados se negaron a tratar un proyecto de la oposición para modificar esa misma ley, con el propósito de destrabar la firma del contrato con Pfizer.
El oficialismo de la Cámara baja bloqueó un pedido de apartamiento de reglamento planteado por la vicepresidenta de la comisión de Salud, Carmen Polledo (PRO) para que se incorporara al temario de la sesión un proyecto de ley de su autoría que busca generar un marco legal que facilite las condiciones para que el Gobierno pueda finalmente firmar contrato con el laboratorio Pfizer para la provisión de vacunas contra el Covid-19.
El 2 de junio pasado, Polledo junto a un nutrido grupo de legisladores del PRO (y la radical Claudia Najul) presentaron un proyecto que proponía quitar la palabra “negligencia” de las excepciones estipuladas en la ley a las garantías de indemnidad patrimonial de los laboratorios fabricantes, ante eventuales reclamos.
Este es el proyecto que la diputada del PRO intentó reflotar, pero el pedido de apartamiento de reglamento resultó rechazado con 122 votos en contra y 112 apoyos.
