El proyecto de ley que establece un marco regulatorio de la cadena de producción, industrialización y comercialización de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados para uso industrial y medicinal, incluyendo la investigación científica con vistas a satisfacer el mercado local y generar exportaciones, fue aprobado este jueves en la Cámara de Senadores de la Nación.

La iniciativa, que obtuvo 56 votos a favor y cinco en contra y una abstención, fue girada a la Cámara de Diputados para su revisión.

La iniciativa promete convertir al cannabis en otro commodity de los que exporta la Argentina, tal como ocurre con los granos o la carne.

El marco normativo busca “desbaratar el mercado informal de aceites y otras preparaciones herbarias irregulares que existe en la actualidad y terminará con la proliferación de productos que carecen de cualquier tipo de control respecto de su composición y calidad”.

El primer objetivo del proyecto consiste en “establecer un marco legal que autorice, -a través de un fuerte esquema regulatorio-, las etapas de siembra, cultivo, cosecha, producción, almacenamiento, transporte, comercialización, importación, exportación y posesión de semillas de cannabis, de la planta de cannabis, y de sus derivados, con fines de aplicación medicinal, terapéutica, paliativa o de investigación científica”.

El segundo objetivo, según se detalla en la iniciativa, “consiste en legalizar los diferentes eslabones productivos y de comercialización del cáñamo o cáñamo industrial y sus subproductos”.

Además, se aclara que “si bien el cáñamo no es un estupefaciente en los términos de la ley penal por no generar efectos psicoactivos, resulta necesario regular y controlar la actividad para evitar que en los cultivares de cáñamo se oculten cultivos ilegales de cannabis psicoactivo”.

El proyecto establece un marco normativo que busca maximizar los mecanismos efectivos de regulación y control de la cadena productiva del cannabis medicinal e industrial, dirigiendo el otorgamiento y posterior control de las licencias a una “serie de eslabones productivos de mayor escala y formalidad jurídica” como empresas privadas, empresas públicas, consorcios mixtos, asociaciones civiles, cooperativas.

Asimismo, se contempla la creación de una agencia reguladora, un nuevo actor público, que oficiará como órgano rector y articulador de la cadena productiva del cannabis y tendrá a su cargo las múltiples instancias de regulación involucradas: la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME).

Esa entidad tendrá autarquía técnica, funcional y financiera y orbitará en el ámbito Ministerio de Desarrollo Productivo.

Al momento de analizar las solicitudes de licencias para producir cannabis medicinal o industrial, la nueva agencia establecerá los requisitos y antecedentes que se solicitarán al peticionante, con el fin de “maximizar los controles destinados a prevenir actividades ilegales, incluyendo el lavado de activos”.

En el otorgamiento de las licencias, la ARICCAME contemplará “el propósito de contribuir al desarrollo de las economías regionales y de promover la actividad de cooperativas y de pequeños y pequeñas y de medianos productores agrícolas”.

El proyecto también contempla un régimen sancionatorio por incumplimientos a las reglamentaciones: desde el apercibimiento a la inhabilitación para operar en los plazos que se prevean, pasando por la multa, la suspensión y la caducidad de la autorización.

El presidente de la Comisión de Agricultura, el peronista puntano Adolfo Rodríguez Saá, dijo que “se quita de la clandestinidad un mundo de enorme importancia referido a la salud”.

“Y ponemos en la legalidad una actividad que será muy controlada. Es un avance enorme a favor de la libertad”, remarcó el senador por San Luis.

Rodríguez Saá también mencionó que “se trata de una cadena de industrialización del cannabis” y con una “enorme potencialidad de crecimiento”.

Su colega de la Comisión de Salud, el radical jujeño Mario Fiad, indicó que “es una iniciativa jujeña que tiene impacto en las fuentes de trabajo y las economías regionales”.

“Se trata de procesos en los que hay que cuidar la calidad para aportar a los procesos de industria farmacéutica”, remarcó.

En cambio, su compañera de bancada, la cordobesa Laura Rodríguez Machado, justificó su voto en contra argumentando que el Estado nacional “promoverá la producción de la industria de la marihuana sin control de las provincias”.

“Este proyecto, al ser de orden público, viola las facultades provinciales que tienen que ver con la producción agropecuaria de manera masiva”, indicó.

El oficialista chubutense, Alfredo Luenzo, no solo defendió el proyecto, sino que postuló a favor de la despenalización de la marihuana como uso recreativo.

“Necesitamos un estado que comprenda que la planta de cannabis por sí sola no es un problema. Con el prohibicionismo protegemos al narcotráfico. Veamos de manera empírica cuál es el resultado de la despenalización”, destacó.

En cambio, el rionegrino Alberto Weretilneck, uno de los aliados del oficialismo, anunció su voto en contra y condenó “cuando naturalizamos y le decimos a la sociedad que la marihuana es buena”.

“Quienes sabemos lo que significa el impacto de la marihuana en las personas hablamos de que es algo muy delicado”, sentenció.

Asimismo, mencionó que “no es una ley para sentirse orgulloso” y que la producción “está destinada al negocio de las grandes multinacionales”.